DEBIDO PROCESO

CONCEPTO

“1. A. Ante la ausencia de regulación legal del trámite procesal a seguir para la declaratoria de pérdida de los derechos de ciudadanía por las causales establecidas en los ordinales 1°, 3°, 4° y 5° del art. 75 Cn., esta sala procederá a su configuración, atendiendo a las consideraciones hechas con anterioridad. Además, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con las exigencias de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional, un proceso solo puede ser válido como tal si se encuentra constitucionalmente configurado. Esto quiere decir, de forma simplificada, que las normas constitucionales de carácter procesal deben ser aplicadas en un caso concreto y que los intervinientes tengan la oportunidad real de discutir sobre el objeto del proceso en un marco de garantías[1].

La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ha definido al “debido proceso” como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, orientadas a la protección de los derechos y la correcta aplicación de la justicia en una actuación judicial o administrativa. Lo reconoce como desarrollo del principio de legalidad, en tanto límite al ejercicio del poder público, y le adscribe como propósito específico “(…) la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas… en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P.)”[2].

El derecho al debido proceso también se encuentra recogido por el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y para la Corte Interamericana de Derechos Humanos este abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3].   

B. Por su parte, la jurisprudencia de esta sala ha sostenido que con el concepto de “debido proceso” o proceso constitucionalmente configurado se quiere hacer alusión a un proceso equitativo, respetuoso a los derechos fundamentales de los sujetos partícipes, que agrupa y se desdobla en un haz de garantías que cobran vigencia en todos los órdenes jurisdiccionales y en las diferentes etapas de un proceso. Dentro de los derechos mínimos que configuran de manera general al debido proceso se encuentran: el derecho de audiencia (art. 11 Cn.), derecho de defensa (art. 12 Cn.), derecho a la igualdad procesal, derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, presunción de inocencia (art. 12 Cn.), juez natural (art. 15 Cn.), entre otros[4]. En otras palabras, esta protección implica —en términos generales— la creación de mecanismos idóneos para la reacción mediata o inmediata de la persona ante violaciones a categorías subjetivas integrantes de su esfera jurídica[5]. Cambiando lo que se deba cambiar en atención a la naturaleza particular de la declaratoria de pérdida de los derechos de ciudadanía, el procedimiento que se ha de configurar debe cumplir de manera clara con los elementos que configuran el debido proceso.