CONFISCACIÓN

ANÁLISIS NORMATIVO, JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINARIO

“FUNDAMENTO 1. DE LA FIGURA DE LA CONFISCACIÓN. Tomando en cuenta que uno de los argumentos esgrimidos por el procurador (…) en representación de los intereses patrimoniales de la señora (…), relaciona que la extinción de dominio se puede conceptualizar como una confiscación prohibida de forma expresa por la Constitución tal como lo señala el inc. 5º del art. 106, es preciso hacer las consideraciones siguientes:

FUNDAMENTO 1.1. El derecho de propiedad, en el régimen jurídico-constitucional, es un derecho fundamental que reúne entre notas distintivas: una dimensión subjetiva, una objetiva, supremacía y protección reforzada^[1], que recae sobre toda cosa, material o inmaterial, útil, apropiable y dentro del comercio, incluye la facultad de poder ocuparla, servirse de ella de cuantas maneras sea posible, y la de aprovechar sus productos y acrecimientos, así como la de modificarla y disponer jurídicamente de ella.

FUNDAMENTO 1.2. Por lo que las limitaciones al derecho de propiedad solo pueden establecerse por necesidad, derivadas a temas propios de la utilidad pública o interés social y también por la propia voluntad de las partes; así, cuando el Estado dicta una norma que restrinja el derecho de propiedad y su ejercicio, no puede ser arbitraria, sino que debe de basarse en aspectos de orden público. De ahí, que la confiscación resulta ser un despojo de la propiedad sin pago alguno de la indemnización, la cual no constituye una limitación legítima a la propiedad, pues carece de juridicidad al estar prohibida por la Constitución.

FUNDAMENTO 1.3. Siguiendo las ideas de Miguel S. Marienhoff-, la Sala de lo Constitucional, ha sostenido que la confiscación es el apoderamiento de todos los bienes de una persona, que pasan a poder del Estado, apoderamiento que se realiza sin compensación o indemnización alguna para el dueño de los bienes, a título de supuesta sanción al comportamiento o conducta del titular de los bienes confiscados, pero que en realidad se realiza a título de represalia o venganza, aclarando que cuando recae sobre ciertos bienes, se denomina bajo cualquier otro título como “decomiso”, entre otros. En consecuencia, la confiscación no se dirige a los bienes específicos, sino dirigida contra la persona propietaria, pues el deseo del Estado es prevalerse de la fuerza del “Estado” para apropiarse de bienes de propiedad privada, sin que medie el pago de la justa indemnización que exige la Constitución y la ley.^[2]

FUNDAMENTO 1.4. En otro contexto, debe sostenerse que la misma Sala de lo Constitucional ha señalado que la concepción actual del derecho subjetivo de propiedad, no repudia la idea de que éste comprenda determinadas situaciones jurídicas pasivas (cargas, obligaciones, deberes, etc.), que concretan determinados valores o principios constitucionales, como la función social, por lo que resulta esencial el respeto a un interés colectivo de cuya efectiva satisfacción depende la legitimidad misma de su ejercicio.

FUNDAMENTO 1.5. De tal suerte, que en cuanto al derecho de propiedad, la norma constitucional ha impuesto que la propiedad privada debe ser utilizada en función social y cuando no responde a ese carga impuesta en beneficio de la colectividad, sino en su detrimento, el legislador dispuso que la consecuencia jurídica de carácter real y de contenido patrimonial sería la extinción del derecho de dominio, como lo determina el art. 8 de la LEDAB. Por lo que la confiscación como institución histórica guarda semejanza con la extinción del dominio únicamente en lo concerniente al efecto extintivo del patrimonio de una persona, pero no es procedente establecer una relación sinonímica entre la extinción de dominio y la confiscación, en virtud de su naturaleza jurídica distintas^[3].

FUNDAMENTO 1.6. De ahí que el constitucionalismo moderno al analizar el derecho de propiedad y la extinción de dominio ha sostenido que el derecho de propiedad privada, inicialmente se incorporó en los textos constitucionales como un derecho fundamental; luego se determinó que éste no era absoluto, sino que estaba sometido a un interés social, además que las normas secundarias requieren que surja de un “justo título”; y finalmente las cartas fundamentales de derechos le imponen el deber que cumpla una función social (Art. 106 Cn.), que le impone un mandato de prevalencia del interés público sobre el interés privado^[4].”

DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

“FUNDAMENTO 1.7. Expresadas las ideas que antecedenten, corresponde establecer las diferencias entre la confiscación y la acción de extinción de dominio; pues la confiscación no busca un beneficio colectivo, no responde a una necesidad social o a un beneficio de la colectividad, sino únicamente una acción de poder ilegítimo; mientras que la acción de extinción de dominio cumple con un propósito de restaurar el orden público y la seguridad jurídica.

FUNDAMENTO 1.8. Pues tal como lo determina la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción, el “decomiso”, refiriéndose a la extinción de dominio, decomiso sin condena, es una acción in rem, concebida como “la privación con carácter definitivo de bienes, dictada por autoridad o tribunal competente, con independencia del criterio que se emplee para adoptar dicha resolución”, a lo que Isidoro Blanco Cordero le denomina “Comiso Civil o extinción de dominio^[5], por lo que no es posible sostener que se está frente al supuesto de confiscación alegado por el procurador del señor (…).

FUNDAMENTO 1.9. Así como en su momento se adoptó la figura del comiso o la pérdida de las ganancias como consecuencia jurídica del uso de bienes para cometer delito; o la obtención de ellos producto de las mismas acciones delictivas, ahora el legislador ha dispuesta una nueva consecuencia jurídica derivada del origen ilícito o la destinación ilícita de los bienes, cuya decisión judicial deviene de un debate probatorio y mediante una decisión judicial firme^[6].”