INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN

"I).- El Recurso de Apelación, regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, al efecto de su admisión, requiere de la observancia de los requisitos de forma y de fondo que exige dicha normativa, y de cuyo análisis procede, de conformidad con el Art. 71 LPESAT, siempre que la resolución impugnada sea de aquellas contenidas en el Art. 62 de la ley especial en referencia; de modo tal, que dichas exigencias legales deben ser atendidas, de la manera establecida por el Legislador en la norma, para que ese medio legal -la apelación-  pueda superar el filtro normado y ser satisfactoriamente admitido por el Tribunal de Segunda Instancia; en tal sentido, la admisión del recurso procederá, supletoriamente, si los requisitos de interposición establecidos en los Arts. 501 y 511 CPCM, se cumplen; vale decir, que si estos requisitos no son acatados de manera clara, precisa y plena, ya en su conjunto o cualquiera de ellos, sean estos de forma o de fondo, el recurso será inadmisible y de pleno derecho rechazado.

II).- En el caso de autos, encontramos que el licenciado Alvarado Arias, está legalmente habilitado para la interposición del recurso, por cuanto es parte dentro del proceso; asimismo, ha sido presentado por escrito, ante el mismo Juez que dictó la resolución impugnada y en el plazo que determina la norma, y la resolución, según estipulación de la ley, permite su impugnación; sin embargo, ello no es suficiente como para decidir la admisibilidad y posterior trámite del recurso planteado, ya que éste adolece de la falta de un requisito esencial e indispensable para entrar a conocer del fondo del mismo, cuál es, una adecuada fundamentación, en tanto que no se configura el agravio causado, que de conformidad al Art. 501 Inc. 1 CPCM, es requerible, disposición legal, que a la literalidad establece: “Tendrán derecho de recurrir las partes gravadas por la resolución que se impugna...”(Sic.), como podemos apreciar de la sola lectura, el agravio sí es necesario que se manifieste, habida cuenta de la finalidad de los recursos, pues es ese el elemento motivador del recurrente, para que no sea considerado, el recurso, como una simple inconformidad; así bajo los parámetros de la técnica jurídica de la heterointegración de las normas, debe aplicarse, en relación a los Arts. 71 LPESAT y 511 Inc. 2 CPCM, tal como ya se dijo. En ese sentido, el agravio debe ser, entonces, considerado como la parte medular o sustancial del fundamento que sí exige la ley especial de la materia de “Tránsito”, por cuanto será de ese elemento que se partirá para poder analizar y determinar la afectación que ha producido la resolución judicial pronunciada en primera instancia.

De acuerdo a lo antedicho, hemos de entender por agravio aquel perjuicio o daño que se hace o se produce, a alguien, en sus intereses o en sus derechos; por lo que, el agravio, necesita de la participación o el cumplimiento de dos elementos, que son: 1- el material, que estará constituido por la afectación (daño) de quien lo alega, y 2- el jurídico, compuesto por la conculcación de un derecho constitucional, y esto es así, porque la imparcialidad que vincula el actuar judicial del Tribunal de Segunda Instancia no puede presumir o inferir el agravio, sino que la persona que se considera afectada, debe expresarlo y fundamentarlo con claridad, sencillez y precisión, en razón a que, el agravio puede ocasionar un perjuicio presente o un perjuicio a futuro, en la escala de los derechos fundamentales de los justiciables, según corresponda a las particularidades de cada caso. A este respecto, en el campo de la doctrina del derecho el doctor Guillermo Cabanellas de Torres, lo define como: ““La ofensa o perjuicio que se infiere a una persona en sus intereses o derechos. Mal, daño o perjuicio que el apelante expone ante el Juez ad-quem, por habérselo irrogado la sentencia del inferior. Antiguamente equivalía a apelación.””(Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, pág. 28), y en la misma línea, el doctor Manuel Ossorio, citando al maestro Couture, ha expuesto: ““…dentro del ámbito del Derecho Procesal, el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Es decir, que la expresión comentada presenta dos sentidos: uno de carácter sustantivo, representado por la ofensa que contiene y que puede dar lugar a responsabilidad de orden civil o penal para el agraviante; y otro de índole adjetiva, en cuanto da derecho a la impugnación de una resolución judicial cuyo contenido se reputa agraviante al derecho de quien lo alega.””(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Págs. 44 y 45); lo que implica que, la expresión de agravios denota ser una obligación y una carga reconocida a favor del recurrente, y siendo que éste no puede imaginarse, menos presumirse, entonces debe sencillamente determinarse el daño que la resolución judicial ha ocasionado; detallándose, según su criterio, los errores contenidos en la sentencia judicial, exponiendo y sustentando los reclamos de hecho y de derecho que correspondan, para demostrar, que para él, dicha resolución es errónea, que se ha omitido la valoración de un aspecto sustancial del proceso o que ésta es manifiestamente deficiente.

III).- En ese sentido, tenemos que en el Acta de Audiencia de Aportación de Pruebas, agregada de Fs. 114 al 120, consta que fue señalada por el señor Juez, conforme lo ordena el Art. 46 Inc. 1º de la LPESAT; es decir, previniendo a las partes para que se presentaran a la misma, con todas las pruebas que tuvieran a su favor, que no vendrían a ser otras más que, tratándose del actor, las ofrecidas en la demanda, y tratándose del demandado las que en ese momento presentare y ofreciere, bajo los parámetros del principio de igualdad, dado que la ley especial prevé el caso de nuevas pruebas, Art. 51 Inc. 3º LPESAT, para todas las partes en contienda. Por lo que, se tiene que en el desarrollo de tal audiencia, el actor, licenciado Alvarado Arias, al momento de exponer y fundamentar su caso, ofreció y aportó su prueba, manifestando que: ““…ratifico todos los elementos que he ofertado, y que en sentencia se condene al demandado a cancelarle lo reclamado a mi representado…”” (Sic. Fs. 118 Vto.); y el señor Juez, en la audiencia, en lo pertinente, resolvió: ““…II) No se admiten los dictámenes periciales de folios 11 y 13, por no cumplir con los requisitos establecidos en los Arts. 375 inciso 2° y 376 del C.P.C.M., en relación con el Art. 71 de la L.P.E.S.A.T.; III) No se admite la fotocopia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre el señor […] y el demandante […], por no haberlo ofrecido como prueba en la demanda, para establecer los daños morales que estima en SETECIENTOS NOVENTA DOLARES ($790.OO)…”” (Sic. Fs. 119 Vto.), y con el cuidado de garantizar que en la actuación judicial se observara el Principio del Debido Proceso, el señor Juez, preguntó a las partes, como último acto, que: ““…si están conformes con la decisión tomada, a lo que la parte actora expresa que sí…”” […], lo cual significa que tal manifestación, dada por el actor denota, con toda claridad y precisión, conformidad con el hecho de que parte de sus pruebas no le fueron admitidas e incorporadas legalmente al proceso, y en tal sentido, desde ese momento desaparecía cualquier tipo de agravio y por ello, como antes ya se dijo, aunque, el impetrante, hoy en su escrito manifieste que: ““…en la respectiva audiencia de prueba, pues como costa en autos, se presentaron medios de prueba que demuestran, que efectivamente existió un accidente de tránsito (…) que NO SE LOGRO PROBAR LA CUANTIA DE DICHOS DAÑOS, razón y motivo por el cual juzgador decidió absolver. razón de absolución con la que no estoy de acuerdo, pues causa prejuicios y agravios (…) Todas estas circunstancias comprueban robustamente el agravio que mi mandante ha sufrido…”” […], debe decírsele con toda la seguridad que, su planteamiento carece del valor y sustento jurídico, porque, como antes se dijo, el actor hizo desaparecer todo agravio que pudiere haberle generado la resolución judicial que hoy impugna. En tal sentido, si el demandante, estando obligado con la carga de la prueba no las aportó conforme a las exigencias legales y éstas no fueron admitidas por no cumplir con tal exigencia, y por si fuera poco, el haber demostrado un estado de conformidad con la resolución proveída en la audiencia de aportación de pruebas, en donde se resolvía tal extremo, hoy, el impetrante no puede hablar de la existencia del agravio generado por la resolución a que él mismo se expuso y que sencillamente no le favoreció. Y es de considerar que, aunque el Juez de la causa no hubiera preguntado sobre la conformidad de las partes a la decisión tomada, intentando (que no lo fue) alega que tal decisión no sabía a qué parte de todo lo considerado se refería, es bien notorio que en la audiencia se le negó por parte de la autoridad judicial la admisibilidad, en referencia, a pruebas importantes sobre el fondo del proceso; por el contrario, se conformó y quedó en silencio al no impugnar por la vía correspondiente, la negativa del Juez a admitir sus medios probatorios.

De ahí que, se pueda sostener que el escrito presentado por el licenciado [...], carece de uno de los requisitos elementales que requieren los Arts. 501 y 511 entre otros del Código Procesal Civil y Mercantil para que una apelación sea válida y legalmente admisible; entonces, ante la falta del agravio y la fundamentación adecuada, tal como queda dicho, debe ser rechazado el escrito de apelación por ser lo que conforme a derecho corresponde."